Calles, plazas, parques, estaciones y edificios públicos forman parte de la memoria cotidiana de una sociedad. Cuando sus nombres homenajean a dirigentes políticos recientes o fuertemente identificados con un partido, esos espacios pueden convertirse en escenarios permanentes de disputa. Frente a eso, gana fuerza otro criterio: reservar la nomenclatura urbana para figuras de consenso más amplio —científicos, escritores, artistas, deportistas, educadores o referentes comunitarios— y dejar que la valoración de los políticos requiera distancia histórica. El reciente Paseo Costanera Lionel Messi de Santa Fe vuelve a poner el debate sobre la mesa.
Una calle no es solamente una dirección. Una plaza no es apenas un rectángulo verde dentro de una ciudad. Cada vez que el Estado coloca el nombre de una persona sobre un cartel está realizando un acto de reconocimiento público que se repetirá miles de veces todos los días y, posiblemente, durante generaciones.
Por eso resulta razonable preguntarse si los espacios que pertenecen a toda la sociedad deberían utilizarse para homenajear a dirigentes políticos —sobre todo cuando pertenecen a la historia reciente y continúan identificados con una fuerza partidaria— o si convendría reservarlos para figuras capaces de representar valores compartidos por un sector mucho más amplio de la comunidad.
La reciente creación del Paseo Costanera Lionel Messi, aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal de Santa Fe, ofrece un buen punto de partida. El paseo comprende calzadas, veredas, playas y espacios verdes de la Costanera Este, frente a la laguna Setúbal. Al fundamentar la iniciativa, concejales de diferentes espacios pusieron el acento en valores asociados con Messi como esfuerzo, humildad, perseverancia, talento y capacidad de superación.
Más allá de ese caso concreto, el principio merece ser discutido: los espacios comunes deberían buscar unir antes que funcionar como trofeos simbólicos de quienes circunstancialmente ocupan el poder.
Poner un nombre también es ejercer poder
Los estudios sobre toponimia urbana llevan décadas señalando que bautizar una calle nunca es un acto completamente neutral. El geógrafo Maoz Azaryahu mostró, por ejemplo, cómo los cambios de régimen suelen venir acompañados por verdaderas operaciones de renombramiento urbano: desaparecen los héroes del gobierno anterior y aparecen los de quienes llegaron al poder. En esa lógica, las calles forman parte de la “infraestructura simbólica” mediante la cual una sociedad expresa qué pasado considera digno de ser honrado.
Los especialistas Derek Alderman, Reuben Rose-Redwood y CindyAnn Rose-Redwood también han estudiado la utilización política de los nombres geográficos. En un análisis publicado en septiembre de 2026 subrayan, entre otras cuestiones, los problemas derivados de homenajear a personas vivas y la importancia de que los cambios de nombres se realicen mediante procesos deliberativos y de consulta pública.
Precisamente porque nombrar es ejercer poder simbólico, la solución institucional más razonable no debería ser reemplazar periódicamente los políticos de un partido por los políticos de otro. Eso perpetúa el mismo mecanismo.
Una alternativa más estable consiste en reducir deliberadamente el peso de la política partidaria en la nomenclatura y aumentar el espacio destinado a la ciencia, la cultura, la educación, el deporte, la solidaridad, la creación artística y la historia local. Un ejemplo positivo se vio hace un par de años en Buenos Aires cuando se cambió el nombre del ex Palacio de Correos de Buenos Aires. Anteriormente vinculado con la figura de la pareja Kirchner, fue rebautizado con un valor positivo y compartido por todos los sectores de la sociedad, como es la Libertad.
El problema de homenajear demasiado rápido
La distancia temporal cumple una función que suele subestimarse: permite separar la evaluación histórica de la adhesión política inmediata. La Argentina ya incorporó ese criterio para los bienes del Estado nacional. El Decreto 1084/2024 prohíbe referencias que puedan interpretarse como propaganda partidaria o culto a la personalidad en bienes públicos nacionales y establece que no pueden recibir nombres de personalidades políticas hasta que hayan transcurrido al menos diez años desde su muerte. La propia norma explica que uno de sus objetivos es evitar que las denominaciones sufran “los vaivenes propios de los cambios de gobierno” y permitir que el paso del tiempo aporte una valoración más equilibrada.
La Ciudad de Buenos Aires tenía ya una regla semejante y, en algunos aspectos, todavía más interesante. La Ley 83 establece que deben priorizarse para nuevas denominaciones los lugares que todavía no tienen nombre y señala que un cambio sobre un espacio ya denominado debe estar respaldado por “sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural”. También exige que una personalidad tenga importancia indiscutida en el orden nacional o universal y establece un plazo mínimo de diez años después de su muerte antes de utilizar su nombre.
Es una buena filosofía: el espacio público no necesita reaccionar con la velocidad de la agenda política.
De Aramburu al Ángel Gris: cuando la cultura reemplaza al poder
Buenos Aires ofrece nuevamente un caso especialmente expresivo. La plaza de Flores que llevaba el nombre del teniente general Pedro Eugenio Aramburu pasó a denominarse en 2009 Plaza del Ángel Gris, en referencia al universo literario creado por Alejandro Dolina. La modificación fue establecida mediante la Ley 3202.
Actualmente, el Gobierno porteño utiliza oficialmente esa denominación para el espacio ubicado entre Avellaneda, Donato Álvarez, Bogotá y Calcena. El cambio resulta significativo porque desplaza el centro de gravedad desde una figura directamente vinculada con una de las fracturas políticas más profundas del siglo XX argentino hacia una referencia cultural nacida del imaginario porteño.
No elimina a Aramburu de los libros de historia. Tampoco impide debatir su papel en la Argentina del siglo XX. Simplemente plantea una distinción importante: estudiar a una figura histórica no obliga a homenajearla todos los días en una plaza. Historia y homenaje no son sinónimos.
México: sacar a un presidente y poner a una escritora
Un proceso comparable ocurrió en Ciudad de México en 2024. El gobierno capitalino retiró el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz de calles de distintas alcaldías y comenzó a sustituirlo por los de mujeres mexicanas destacadas. Una de ellas pasó a llamarse Elena Garro, en homenaje a la escritora, y otra Benita Galeana, por la activista social. El propio gobierno presentó la iniciativa como parte del programa “Ciudad de las Heroínas” y vinculó expresamente la decisión con la memoria de la represión estudiantil de 1968.
El ejemplo muestra otra posibilidad: utilizar la nomenclatura para ampliar el repertorio de personas recordadas. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, las calles latinoamericanas estuvieron pobladas de presidentes, gobernadores, militares y grandes funcionarios. Eso produjo ciudades donde el poder político ocupa una proporción desmedida de la memoria visible, mientras científicos, docentes, médicos, músicos, escritores, investigadores, deportistas o referentes comunitarios aparecen mucho menos. Corregir esa desproporción no significa negar la política. Significa reconocer que una sociedad es mucho más que sus gobiernos.
Chile muestra que cambiar nombres no equivale necesariamente a despolitizar
También conviene hacer una distinción. En Santiago de Chile, durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el municipio aprobó cambios de nombres para recordar a víctimas de la dictadura y defensores de los derechos humanos. Entre los homenajeados estuvieron Jaime Castillo Velasco, Carlos Lorca, Alicia Aguilar, Carlos Contreras Maluje y el bailarín y coreógrafo Patricio Bunster.
Es una política legítima de memoria, pero conceptualmente no es exactamente lo mismo que despolitizar.
Allí se buscó resignificar políticamente el espacio a partir de los derechos humanos y la reparación histórica. El caso permite entender que cualquier modificación de la nomenclatura debe analizarse según su objetivo: algunas ciudades buscan reparar una ausencia, otras retirar homenajes incompatibles con valores democráticos y otras reducir directamente la presencia de las disputas partidarias. La propuesta de una mayor despolitización pertenece a esta última categoría.
El argumento principal: lo público pertenece también al que piensa distinto
Hay una razón particularmente fuerte para avanzar en esa dirección. Un edificio estatal, una avenida o una plaza no pertenecen al gobierno que los inaugura. Son de ciudadanos que votaron por ese gobierno, de quienes votaron a la oposición y también de quienes no se sienten representados por ningún partido.
El nombre debería reconocer esa condición. Pero no suele pasar con gobiernos muy autoritarios, como los que tuvieron que enfrentar con repetición los países latinoamericanos.
Cuando una administración coloca el nombre de un dirigente propio sobre una obra financiada con recursos públicos, existe inevitablemente el riesgo de confundir homenaje institucional con promoción partidaria. El problema se vuelve todavía mayor si se trata de una persona viva, recientemente fallecida o directamente relacionada con quienes toman la decisión.
Ese razonamiento está detrás del decreto argentino de 2024: evitar propaganda, culto a la personalidad y apropiación partidaria de los bienes del Estado.
Aplicar ese criterio sistemáticamente, con independencia del partido involucrado, podría reducir una práctica muy arraigada en América Latina: cada gobierno construye su propio mapa simbólico y el siguiente intenta desarmarlo.
Científicos, artistas y deportistas también construyen una nación
La alternativa no consiste en dejar las ciudades sin memoria. Al contrario: puede permitir una memoria considerablemente más diversa.
Una avenida puede recordar a un investigador que hizo avanzar la medicina. Una plaza puede llevar el nombre de una maestra que transformó la educación. Una estación puede homenajear a un escritor, una compositora, una deportista, un fotógrafo, una defensora de derechos civiles, un médico rural o una personalidad estrechamente vinculada con el barrio.
El reciente caso santafesino de Lionel Messi funciona porque su figura es interpretada por gran parte de la sociedad desde valores que exceden su actividad deportiva. El Concejo destacó expresamente la perseverancia, la humildad, la templanza y el esfuerzo como razones para el homenaje.
Pero incluso aquí conviene establecer una precaución institucional. El amplio consenso actual alrededor de una persona viva no garantiza necesariamente el juicio de las generaciones futuras. Por esa razón, la Junta de Nombres Geográficos de Ontario, Canadá, directamente no admite homenajes toponímicos a personas vivas y exige que hayan pasado al menos cinco años desde su fallecimiento.
No es una desconfianza hacia una personalidad determinada. Es una regla destinada a proteger la permanencia de los nombres.
El consenso también necesita reglas
“Poner figuras de consenso” parece sencillo hasta que llega el momento de decidir quién es consensual. Ninguna personalidad está completamente a salvo de revisiones históricas. Escritores, empresarios, artistas, científicos o deportistas también pueden generar discusiones. Y lo que una generación admira puede ser leído de otro modo cincuenta años después.
Por eso la despolitización debería apoyarse menos en entusiasmos circunstanciales y más en procedimientos transparentes. Ottawa ofrece un ejemplo interesante. Su política exige que una figura homenajeada tenga méritos documentados y compatibles con valores positivos de la comunidad; para cambiar el nombre de una calle existente se necesita además el apoyo de 75 % más uno de los residentes o propietarios afectados y la conformidad del concejal del distrito. Ese tipo de regla evita que una mayoría legislativa circunstancial pueda rediseñar el mapa de una ciudad sin tener en cuenta a quienes viven allí.
El costo de cambiar nombres
Los argumentos contrarios tampoco deben descartarse. Renombrar una calle puede obligar a actualizar carteles, direcciones comerciales, bases de datos, mapas, sistemas de emergencias y documentación. También puede afectar una identidad barrial sedimentada durante décadas. Precisamente por eso no conviene convertir la despolitización en una campaña indiscriminada de rebautismos.
La prioridad debería estar en los nuevos espacios y aquellos que todavía no tienen denominación, como ya establece la normativa porteña. Los cambios de nombres existentes deberían reservarse para situaciones donde haya razones suficientemente importantes y amplio apoyo social.
La historia anterior, además, no debería borrarse. Una placa, un código QR o una pequeña señal puede indicar cómo se llamó anteriormente el lugar y explicar el contexto histórico del cambio. Así se puede retirar un homenaje sin borrar el conocimiento.
No se trata de eliminar a los políticos de la historia
Ese es quizá el punto más importante. Despolitizar la nomenclatura no significa construir una sociedad sin política ni desconocer a los grandes dirigentes históricos. San Martín, Belgrano o figuras cuya significación excedió ampliamente la competencia electoral inmediata pertenecen ya a otra categoría de memoria histórica. El problema aparece cuando el reconocimiento toponímico se acerca demasiado al ejercicio contemporáneo del poder o funciona como extensión de una identidad partidaria todavía activa.
La mejor regla sería reservar la calle cotidiana para aquello que la comunidad puede compartir y colocar la discusión política donde corresponde: escuelas, archivos, museos, universidades, monumentos interpretativos y debate historiográfico.
Allí pueden convivir matices y contradicciones que un cartel de esquina nunca podrá explicar.
Una ciudad no debería parecer el álbum de un partido
Existe finalmente una cuestión de qué valores queremos transmitir. Los niños aprenden nombres recorriendo calles. Los turistas se preguntan quiénes fueron las personas que aparecen en las plazas. Los nombres construyen una especie de canon involuntario de aquello que una sociedad considera importante.
Si casi todos esos nombres pertenecen a presidentes, gobernadores, generales y dirigentes partidarios, el mensaje implícito es que la política constituye el principal camino hacia la trascendencia pública. Una ciudad que reserva más espacio para científicos, artistas, docentes, deportistas, escritores, médicos, inventores y trabajadores comunitarios transmite otra idea: que existen muchas maneras de contribuir al bien común.
Esa parece una memoria pública más saludable. No porque esas figuras sean absolutamente neutrales —nadie lo es—, sino porque sus méritos pueden valorarse con mayor independencia de una elección, un partido o una coyuntura.
El espacio público debería ser precisamente eso: el lugar de todos. Y cuanto menos se parezca a la cartelería de una fuerza política y más represente aquello que una sociedad puede admirar en común, mayor será la posibilidad de que sus nombres sobrevivan no solamente al próximo gobierno, sino también a las próximas generaciones.
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