En un contexto de creciente violencia en diversas regiones de México, el gobierno ha tomado decisiones drásticas para proteger tanto a los turistas como al patrimonio cultural del país. Desde finales de abril de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha implementado rigurosos controles de seguridad en las cinco zonas arqueológicas más visitadas de México: Teotihuacan, Chichén Itzá, Tulum, Monte Albán y Palenque. Estas medidas incluyen la instalación de arcos detectores de metales en todos los accesos y el uso de equipos móviles de detección para controlar los bolsos y vehículos de los visitantes.
La decisión de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad federales, específicamente la Guardia Nacional, dentro de estos sitios patrimoniales, marca un claro cambio en la estrategia de protección, que anteriormente había sido gestionada principalmente por personal de seguridad privada. La presencia del ejército y las fuerzas de seguridad en estos destinos turísticos no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe dentro de una tendencia más amplia que ha ganado terreno en los últimos años: la militarización del turismo en México.
El Tren Maya y las Islas Marías, nuevos avances de la militarización en el turismo
El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un claro ejemplo de cómo la seguridad militarizada ha llegado a la infraestructura turística del país. Este tren, que recorrerá el sureste de México, conectando sitios arqueológicos y destinos turísticos en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, ha generado controversia no solo por sus implicaciones ecológicas, sino también por la creciente implicación del ejército en su desarrollo y supervisión. El gobierno ha otorgado al ejército la supervisión de la obra, lo que ha suscitado preocupación entre los activistas que señalan la posible pérdida de control democrático sobre estos espacios.
Otro caso es el de las Islas Marías, anteriormente un centro penal y hoy un destino turístico bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La isla, que ha sido reconvertida en un centro ecoturístico, ha sido inaugurada recientemente como parte de los esfuerzos del gobierno por fomentar el turismo bajo la administración militar. La SEDENA no solo gestiona la infraestructura, sino que también controla el acceso a las islas, imponiendo restricciones que recuerdan al control autoritario de las zonas de acceso restringido.
Más allá de la seguridad
El aumento de la militarización en sectores turísticos y patrimoniales también refleja una tendencia global en la que la seguridad de los bienes y las personas se ha vinculado estrechamente con la presencia militar. En México, este fenómeno no es nuevo: en varias regiones del país, los operativos del ejército en áreas turísticas ya son comunes, especialmente en destinos que requieren un mayor resguardo debido a la violencia que aqueja a las comunidades circundantes.
A pesar de la necesidad de proteger el patrimonio cultural y garantizar la seguridad de los turistas, la presencia de fuerzas militares plantea una pregunta crucial sobre la relación entre el turismo y la soberanía. Cuando el ejército se convierte en el principal gestor de destinos turísticos, como ocurre en las Islas Marías y en la supervisión del Tren Maya, las implicaciones no son solo de orden económico o social, sino también político. El turismo se ve entonces transformado en un nuevo frente de intervención militar, lo que genera un debate sobre la seguridad, la autonomía local y el impacto en las comunidades indígenas que, en muchos casos, se ven desplazadas o afectadas por estos proyectos.
Turismo militarizado: ¿una necesidad?
A medida que México refuerza los controles de seguridad en sus zonas arqueológicas más importantes, la pregunta persiste: ¿cómo equilibrar la necesidad de protección con la creciente militarización del turismo? La reciente incorporación de la Guardia Nacional a las estrategias de seguridad de sitios como Teotihuacan y Chichén Itzá refleja el enfoque del gobierno por priorizar la seguridad en lugares emblemáticos, pero también subraya los retos que enfrentan las políticas turísticas en un país donde la violencia continúa siendo un problema estructural.
A medida que los operativos de seguridad aumentan en estos destinos, y con la expansión de proyectos como el Tren Maya y la rehabilitación de las Islas Marías bajo la gestión militar, queda claro que México está adoptando un enfoque más controlado y vigilado de sus destinos turísticos, en un intento por combatir la inseguridad, pero también bajo una creciente influencia de las fuerzas armadas en el sector turístico. Este modelo podría ser imitado por otros países, pero también plantea interrogantes sobre la soberanía y la seguridad democrática en el sector turístico.
Así, mientras que las acciones del INAH en las zonas arqueológicas y los controles de seguridad en los grandes proyectos turísticos son una respuesta a la violencia y la inseguridad, la militarización del turismo en México es un fenómeno que seguirá siendo objeto de debate tanto dentro como fuera del país.
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