El turismo responsable suele concentrarse en reducir residuos, respetar costumbres y elegir servicios sostenibles. El concepto de “turista situado” propone avanzar un paso más: comprender que cada viaje ocurre en un territorio habitado, atravesado por desigualdades, disputas por la vivienda y límites ambientales. A veces, actuar con responsabilidad no consiste en viajar mejor, sino en cambiar de lugar, de fecha o directamente renunciar a una experiencia.
Durante años, el turismo responsable propuso una serie de conductas destinadas a reducir los efectos negativos de los viajes: consumir productos locales, respetar las costumbres, disminuir el uso de plásticos, evitar actividades con animales, utilizar transportes menos contaminantes y alojarse en establecimientos comprometidos con el ambiente.
Esas prácticas continúan siendo necesarias, pero resultan insuficientes para responder a algunos de los conflictos que atraviesan los destinos más visitados. Una persona puede reciclar, viajar con una botella reutilizable y comprar en comercios de barrio, pero seguir ocupando una vivienda retirada del mercado residencial, sumarse a una actividad que congestiona un territorio saturado o contribuir al consumo de recursos que la población local necesita para su vida cotidiana.
Frente a esos límites aparece la figura del turista situado. No se trata todavía de una categoría consolidada dentro de los estudios turísticos, sino de una propuesta que reúne aportes del decrecimiento turístico, la justicia social, los estudios sobre movilidad y la soberanía de los destinos.
Su punto de partida es una pregunta sencilla: “¿Debo estar aquí, haciendo esto?”.
Qué significa ser un turista situado
El turista situado entiende que no llega a un escenario vacío preparado para su disfrute. Viaja a un territorio donde ya existen comunidades, relaciones económicas, actividades productivas, necesidades de vivienda, conflictos ambientales y formas particulares de utilizar el espacio público.
Su libertad para desplazarse no ocurre al margen de esas condiciones. El vuelo económico, el alojamiento temporal, el crucero, el alquiler de un vehículo o la práctica deportiva pueden tener consecuencias diferentes según el lugar y el momento.
Por eso, una misma actividad no es automáticamente responsable o perjudicial. Hacer cicloturismo puede favorecer economías rurales en una región con capacidad para recibir visitantes y, al mismo tiempo, agravar la congestión en carreteras utilizadas diariamente por habitantes de un destino saturado. Alquilar una vivienda puede sostener los ingresos de una familia en una pequeña localidad, pero contribuir a la pérdida de alquileres residenciales en un barrio sometido a una fuerte presión turística.
La conducta situada exige observar el contexto antes de aplicar una regla general.
Del crecimiento sostenible al decrecimiento turístico
Una de las bases de esta propuesta se encuentra en el decrecimiento turístico, desarrollado por investigadores como Robert Fletcher, Ivan Murray, Asunción Blanco-Romero y Macià Blázquez-Salom. Esta corriente cuestiona la idea de que todos los destinos deben continuar creciendo y que los impactos pueden corregirse únicamente mediante una gestión más eficiente.
En territorios donde la actividad turística ya supera determinados límites sociales o ecológicos, el decrecimiento plantea una reducción material de la presión: menos plazas de alojamiento, menor consumo de suelo, menos vuelos o cruceros y una economía menos dependiente de la llegada constante de visitantes. No propone simplemente administrar mejor el crecimiento, sino discutir si continuar creciendo resulta compatible con la vida del destino.
Esta perspectiva tampoco equivale a sustituir el turismo masivo por la fórmula “menos turistas que gasten más”. Una estrategia basada exclusivamente en visitantes de altos ingresos puede reducir algunas concentraciones, pero no necesariamente el consumo de espacio, agua, energía o vivienda. Además, corre el riesgo de convertir el acceso a determinados territorios en un privilegio económico.
Desde la mirada del turista situado, pagar más no vuelve automáticamente inocua una experiencia.
Quién recibe los beneficios y quién soporta los costos
Otra referencia es el trabajo de Freya Higgins-Desbiolles sobre justicia y “socialización” del turismo. Su propuesta consiste en hacer que la actividad sea responsable ante la sociedad en la que se desarrolla, en lugar de medir su éxito únicamente por la cantidad de visitantes, empleos o ingresos generados.
La pregunta central deja de ser cuánto dinero produce el turismo y pasa a ser cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos. Un destino puede recibir ingresos elevados y, al mismo tiempo, experimentar aumentos de alquileres, empleos estacionales mal remunerados, saturación de servicios públicos o pérdida de espacios de uso comunitario.
Esto obliga a diferenciar entre la economía turística en términos generales y las personas concretas que viven de ella o conviven con sus efectos. Los beneficios pueden concentrarse en propietarios, intermediarios y plataformas, mientras que determinados costos recaen sobre trabajadores, inquilinos y barrios alejados de las áreas visitadas.
El turista situado intenta conocer esa distribución antes de decidir dónde dormir, qué actividad contratar y qué empresas financiar con su consumo.
Cuando la movilidad de unos limita la de otros
El concepto de justicia de la movilidad, formulado por la socióloga Mimi Sheller, ayuda a comprender que no todas las personas poseen la misma capacidad de desplazarse. El movimiento está condicionado por el dinero, la ciudadanía, el género, la infraestructura, el trabajo y las políticas territoriales.
En el turismo, esta desigualdad puede verse con claridad. Un visitante cruza un continente durante un fin de semana gracias a vuelos frecuentes y tarifas accesibles. Al mismo tiempo, una trabajadora de hotel puede tener que recorrer diariamente largas distancias porque ya no encuentra vivienda asequible cerca de su lugar de empleo.
La facilidad de movimiento de una persona puede generar inmovilidad o desplazamientos forzados para otra. Una calle peatonalizada para el disfrute turístico, una carretera ocupada por actividades recreativas o un centro histórico convertido en zona de alojamiento temporal pueden modificar la movilidad cotidiana de quienes estudian, trabajan, cuidan o realizan compras en esos lugares.
El turista situado no interpreta su desplazamiento como una acción completamente individual. Intenta comprender de qué infraestructura depende y qué consecuencias produce sobre la circulación de los demás.
Soberanía turística: quién decide el futuro de un destino
La cuarta base del concepto es la soberanía turística. Carter Hunt, María José Barragán-Paladines, Juan Carlos Izurieta y Andrés Ordóñez utilizaron la teoría de la soberanía para analizar cómo las comunidades de las islas Galápagos disputan el control de sus medios de vida, su territorio y su modelo turístico frente a crisis económicas y ambientales.
Aplicada de manera más amplia, la soberanía turística significa que una comunidad debe poder decidir cuánto turismo desea recibir, en qué lugares, durante qué períodos y bajo qué condiciones.
Esa capacidad puede expresarse mediante límites a las plazas turísticas, restricciones a cruceros y vehículos, cierres temporales de espacios naturales, regulación de las viviendas vacacionales o protección de determinados sectores para uso residencial. No implica necesariamente rechazar a los visitantes, sino establecer que la demanda turística no tiene prioridad automática sobre las necesidades locales.
El visitante puede esperar hospitalidad y reglas claras, pero no posee el derecho de exigir que todo territorio permanezca disponible para el consumo turístico.
La renuncia como parte del viaje responsable
La principal diferencia entre el turista responsable tradicional y el turista situado aparece en la posibilidad de renunciar.
El primero suele preguntarse cómo reducir su impacto una vez elegido el destino. El segundo incorpora una pregunta anterior: si debería viajar allí en esas condiciones.
La respuesta puede exigir cambiar una reserva hotelera por otra que no desplace vivienda residencial, trasladar el viaje a la temporada baja, escoger un medio de transporte diferente o evitar una actividad que genera problemas en un momento determinado.
También puede significar elegir otro destino. Si una comunidad atraviesa una crisis de agua, si un espacio natural permanece bajo fuerte presión, si las autoridades locales piden reducir las visitas o si una actividad provoca conflictos persistentes con la vida cotidiana, el turista situado acepta que la decisión más coherente puede ser no ir.
No se trata de elaborar una lista permanente de lugares prohibidos. Las condiciones cambian y una región saturada durante unas semanas puede necesitar visitantes en otra época. La evaluación debe considerar el momento, la escala y las recomendaciones de quienes viven y administran el territorio.
El caso de las viviendas turísticas
El alojamiento es uno de los ámbitos donde esta mirada adquiere mayor relevancia. Las plataformas de alquiler temporal no producen los mismos efectos en todos los destinos.
En una zona rural con viviendas desocupadas, una propiedad turística puede generar ingresos y ayudar a mantener población. En un barrio donde los alquileres residenciales escasean y los habitantes son desplazados, utilizar una vivienda completa como alojamiento vacacional plantea un problema distinto.
El turista situado no se limita a comprobar si el establecimiento recicla o utiliza energía renovable. También averigua si se trata de un hotel habilitado, una habitación dentro de una vivienda habitada o una unidad retirada del mercado residencial.
La elección del alojamiento deja así de ser una cuestión basada únicamente en precio, ubicación y comodidad.
Una responsabilidad que no puede recaer solo en el viajero
El concepto también presenta un riesgo: convertir problemas estructurales en decisiones individuales. Un turista difícilmente puede conocer por sí solo todas las consecuencias de una reserva, y no debería reemplazar la responsabilidad de gobiernos, empresas y plataformas.
La regulación del suelo, las licencias, el control de los alojamientos, los límites de capacidad y la protección del empleo corresponden principalmente a las instituciones públicas. Las empresas deben informar con transparencia, cumplir normas laborales y ambientales y asumir los costos que genera su actividad.
La conducta individual puede acompañar esas políticas, pero no sustituirlas. Pedir al visitante que investigue cada conflicto mientras las plataformas ocultan información o las autoridades permiten la expansión sin límites supone trasladarle una carga que no puede resolver por cuenta propia.
Por eso, el turista situado necesita señales comprensibles: datos sobre capacidad de carga, sistemas oficiales de reserva, información sobre sequías, códigos de conducta elaborados con participación comunitaria y regulaciones claras sobre vivienda y movilidad.
Cómo aplicar el concepto antes de reservar
Antes de elegir un destino, este viajero observa si existen alertas de saturación, restricciones locales o conflictos visibles por el uso del espacio. Revisa qué tipo de alojamiento contrata, quién gestiona la experiencia y qué parte del gasto permanecerá en el territorio.
También considera si el viaje puede realizarse en otra época, si la actividad elegida interfiere con la movilidad cotidiana y si las comunidades locales han expresado rechazo o establecido límites.
La pregunta no es si un destino recibe turistas, sino bajo qué condiciones los recibe. Tampoco se trata de exigir unanimidad entre sus habitantes, algo que rara vez existe, sino de prestar atención a las instituciones locales, organizaciones vecinales, trabajadores y sectores directamente afectados.
Ser situado no significa alcanzar una pureza imposible. Significa decidir con información, reconocer contradicciones y aceptar límites.
Del derecho a viajar al derecho a permanecer
El turismo moderno se construyó alrededor de la libertad de movimiento del visitante. El concepto de turista situado incorpora otro derecho: el de las poblaciones locales a permanecer en sus barrios, utilizar sus caminos, acceder a la vivienda y decidir el futuro de su territorio.
La actividad turística produce riqueza, empleo e intercambio cultural, pero también puede reorganizar ciudades, costas e islas alrededor de las necesidades del visitante. Cuando eso sucede, deja de ser solamente una actividad económica y adquiere poder sobre la vivienda, las infraestructuras, los servicios y la vida cotidiana.
El turista situado no rechaza el viaje. Propone realizarlo sin asumir que todo lugar está siempre disponible.
Viajar responsablemente ya no consistiría solo en dejar una huella más pequeña. En algunos casos implicaría reconocer que el mejor aporte puede ser cambiar de fecha, escoger otra experiencia o permitir que un territorio descanse.
Deja un comentario