Prohibir los motores a combustión, subsidiar los autos eléctricos… y luego quejarse por la caída de la recaudación de impuestos a los combustibles. La secuencia parece un mal chiste, pero es real. En el Reino Unido se va a imponer una tasa por km recorrido con un auto eléctrico. Varios países ya lo hacen o están analizando esa iniciativa para replicarla.
Varios gobiernos, entre ellos el del Reino Unido es el puntero, están analizando aplicar una tasa por kilómetro recorrido a los autos eléctricos, para compensar la pérdida de ingresos por las naftas y el gasoil que ellos mismos desincentivaron. La historia de la transición energética tiene apenas unos años pero ya muestra rasgos de tragicomedia.
Primero, el Estado invita —y hasta premia— a abandonar los motores térmicos. Otorga bonos verdes, exenciones impositivas, descuentos y créditos blandos para acelerar la conversión. Luego, cuando el plan empieza a funcionar y los autos eléctricos crecen en ventas, descubre el agujero fiscal: ya no entra dinero por los impuestos a los carburantes. Y entonces, en un giro digno de una sátira burocrática, decide gravar a quienes hicieron exactamente lo que se les pidió.
El Reino Unido proyecta cobrar unos 3 pence por milla (un poco más de 3 centavos de euro por kilómetro) a partir de 2028. Islandia y Nueva Zelanda ya lo hacen; Suiza lo analiza. En Francia, y probablemente también en otros países de la Unión Europea, la idea ya está sobre la mesa. Bajo el eufemismo de “equidad fiscal”, se plantea que todos los conductores deben “contribuir al mantenimiento de las rutas”. Pero la realidad es más cruda: el Estado busca nuevas fuentes de recaudación para reemplazar las que él mismo desmanteló.
El argumento de la “igualdad contributiva” suena razonable hasta que uno recuerda el contexto: los vehículos eléctricos todavía son caros, el acceso desigual y la infraestructura de carga insuficiente. Castigar a los pocos que apuestan por esta transición tecnológica es, cuando menos, contraproducente. Recordemos que una persona que recorre 15.000 kms por año (un promedio razonable en países pequeños como los europeos) pagará un monto anual de unos… ¡450 euros!
Además, el mecanismo previsto implica instalar sistemas de seguimiento del kilometraje, lo que abre un nuevo debate sobre privacidad y control estatal. Convertir cada trayecto cotidiano en un dato fiscalizable no solo erosiona la confianza pública: transforma la movilidad limpia en un privilegio vigilado.
La paradoja es completa: se incentiva el cambio, se lamenta su éxito y se lo castiga. Es la economía circular de la incoherencia. En lugar de repensar los modelos fiscales y energéticos, se opta por reproducir la lógica extractiva del viejo sistema sobre una tecnología nueva.
Quizás haya llegado el momento de una discusión más profunda: si el futuro de la movilidad será realmente sustentable, también debería ser coherente. Porque no hay transición verde posible si el camino está pavimentado de impuestos contradictorios.
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