Un millar de representantes indígenas de 15 etnias mantiene una ocupación pacífica en la ciudad amazónica de Santarém, en el estado brasileño de Pará, para rechazar un proyecto que podría habilitar la concesión de más de 3.000 kilómetros de vías navegables al sector privado. La medida, impulsada a partir de un decreto firmado en agosto de 2025, abre la puerta a que empresas administren y cobren peajes en ríos estratégicos como el Tapajós, el Tocantins y el Madeira, territorios ancestrales de miles de comunidades originarias.
La protesta se concentra frente a un puerto clave para la exportación de granos operado por Cargill, uno de los mayores actores del comercio agroalimentario mundial. Los manifestantes, encabezados por el Consejo Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), denuncian que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para convertir los ríos amazónicos en corredores logísticos al servicio del agronegocio.
Qué plantea el decreto y por qué genera rechazo
El decreto autoriza al gobierno federal a realizar estudios técnicos, ambientales y sociales para evaluar la concesión de los ríos al sector privado por períodos que podrían oscilar entre 12 y 15 años. En paralelo, a fines de diciembre se lanzó una licitación para el dragado del río Tapajós, procedimiento destinado a remover sedimentos del fondo para facilitar la navegación de embarcaciones de gran porte.
Aunque el gobierno anunció la suspensión temporal de esa licitación el 6 de febrero, las organizaciones indígenas exigen la revocación total del decreto.
El temor central es que la privatización y el dragado intensifiquen impactos ambientales ya existentes en la región, una de las más presionadas por la expansión de la frontera agrícola.
Riesgos ambientales: mercurio, pesca y biodiversidad
Informes de organismos ambientales brasileños advierten que la profundización y mantenimiento intensivo de los canales podría:
- Alterar la calidad del agua.
- Dificultar la actividad pesquera artesanal.
- Modificar ciclos reproductivos de especies clave, como la tortuga Podocnemis expansa, que tiene en la zona uno de sus principales sitios de reproducción.
- Remover mercurio acumulado en el lecho fluvial por décadas de minería ilegal, con riesgo de contaminación de peces y poblaciones humanas.
La región ya experimentó una fuerte transformación desde la instalación de infraestructura portuaria para exportación de soja a comienzos de los años 2000. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el municipio de Santarém perdió más de 1.000 km² de bosque desde finales de los años noventa. El estado de Pará es uno de los que registró mayor retroceso de selva amazónica entre 2006 y 2023.
Corredores logísticos y expansión del agronegocio
El proyecto fluvial se articula con otras iniciativas de infraestructura, como el Ferrograo, una línea ferroviaria de 933 kilómetros diseñada para agilizar la salida de producción agrícola hacia los puertos del norte.
Para las comunidades indígenas, la combinación de dragado, concesiones y expansión ferroviaria transformaría los ríos en ejes logísticos permanentes, con mayor tránsito de grandes embarcaciones, ruido, contaminación y presión sobre territorios tradicionales.
Falta de consulta y reclamos internacionales
Las organizaciones denuncian además que no se realizó una consulta previa, libre e informada a los pueblos afectados, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Brasil.
El tema ya había generado protestas durante la COP30 celebrada en Belém en noviembre de 2025. Ahora, las comunidades exigen un diálogo directo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y garantías formales sobre la protección de sus territorios.
Un conflicto que trasciende lo local
La disputa en torno a los ríos amazónicos pone en tensión desarrollo económico, logística exportadora y derechos indígenas en una región clave para la regulación climática global. La Amazonía no solo es un reservorio de biodiversidad, sino también un territorio habitado y gestionado históricamente por pueblos originarios cuya supervivencia depende del equilibrio ecológico de sus ríos.
Mientras el gobierno evalúa los próximos pasos, la movilización continúa en Santarém. Para las comunidades indígenas, el debate no se limita a una concesión administrativa: se trata de la defensa del agua, el territorio y el modo de vida en el corazón de la Amazonía.
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